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República Dominicana: Los escándalos de corrupción vapulearon al Gobierno en su primer año

In REPÚBLICA DOMINICANA on agosto 16, 2009 at 7:36 pm
Aunque el presidente Fernández dice que su gestión tiene voluntad política para enfrentar este mal, la población mantiene una mala percepción respecto al tema de la transparencia.

Por Panky Corcino

Durante el primer año de su actual mandato, el presidente Fernández ha insistido en que su gestión cuenta con la voluntad política necesaria para combatir la corrupción pública, pero son contados y de escasa influencia los funcionarios destituidos o sometidos a procesos judiciales por verse envueltos en los escándalos surgidos en los últimos meses.

Entre los pocos casos de denuncias de corrupción en los que el Gobierno tomó acciones figuran el de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), cuyo director, Franklin Beltré, fue apartado de su cargo.

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Lo mismo sucedió en el Programa de Reducción de Apagones (PRA), con Marcos Lara Lorenzo. También el capitán del Ejército José Antonio Ángulo Batista, asistente personal del secretario de Hacienda, Vicente Bengoa Albizu fue apresado por falsificar cheques, y el ex síndico de Constanza, José Elías Quezada Ortiz, fue sometido ante los tribunales por la supuesta malversación de más de RD$5.0 millones.

En su discurso de toma de posesión del 16 de agosto de 2008, el gobernante reiteró el supuesto compromiso de su Gobierno con la lucha contra la corrupción, un mal que definió como una “hidra de siete cabezas que erosiona la credibilidad y legitimidad del sistema político democrático”.

Entonces se comprometió a conformar un supuesto Plan Estratégico Nacional de Ética, Prevención y Sanción de la Corrupción y asumió el compromiso público de que “ningún acto comprobado de corrupción quede impune”.

Pero uno de los más grande escándalos de los últimos años lo provocó el propio presidente Fernández, cuando en diciembre de 2008 indultó a la banquera Vivian Lubrano, condenada por el fraude en el Banco Intercontinental (BANINTER), así como al político del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Pedro Franco Badía, y a los empresarios del transporte Antonio Marte, Gervasio de la Rosa y Milcíades Amaro Guzmán, sentenciados por la malversación de más de RD$1,800 millones a través del Plan Renove.

El descrédito generalizado que afecta al país en cuanto al tema quedó evidenciado en la encuesta Gallup publicada la semana pasada, la cual revela que el 81.8% de los entrevistados califica al país como “corrupto o muy corrupto”. El estudio, que se realizó entre el 26 y 29 de julio de 2008, al final del segundo mandato constitucional de Fernández (2004-2008), toma como base una muestra de 2,400 personas mayores de 18 años.

La encuesta fue auspiciada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y varias iglesias e instituciones del país.

Al comentar los resultados el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Ricardo Bonetti planteó que el país necesita “que esta corrupción rampante, como lo califica el estudio, tenga un giro, porque definitivamente esto no nos lleva al desarrollo que queremos”.

También el Papa Benedicto XVI mostró preocupación por los niveles de corrupción que afectan a República Dominicana, al recibir en Roma las cartas credenciales del embajador Víctor Grimaldi, el 5 de abril de este año. El Pontífice dijo que, además de luchar por asegurar una vida digna a los dominicanos y contra diversos males, el país debía mostrar “una fuerte determinación para erradicar definitivamente la corrupción, que conlleva tanto sufrimiento, sobre todo para los miembros más pobres e indefensos de la sociedad”.

Investigación
En marzo de este año, la Dirección de Prevención de la Corrupción (DPCA) de la Procuraduría General anunció que estaba investigando un total de diez denuncias que incluían supuestas irregularidades en instituciones como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la OTTT, la Lotería Nacional y el Programa de Medicamentos Esenciales (Promese).

En esta ocasión, el director de la DPCA, Hotoniel Bonilla García, comunicó a este semanario que prefería no ofrecer informaciones sobre las acciones que debe llevar su dependencia para combatir la corrupción.

La encuesta Gallup también revela un desencanto de la población respecto a la DPCA, ya que según el estudio el 40.9% la considera la entidad más corrupta, algo que la coloca entre las cinco con peor reputación.

Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de la FINJUS, entiende que en lo relativo a la DPCA la encuesta refleja una percepción errada, aunque asegura que “la sociedad percibe que ha habido un retroceso” en la lucha contra la corrupción, lo cual trae como consecuencia que los dominicanos comiencen a perder el interés en sus instituciones.

El programa El Informe, de Alicia Ortega, denunció la existencia de supuestos actos de corrupción en torno a obras de infraestructura, como la remodelación de la Catedral de San Juan, a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores, que dirige Félix Bautista. También, organizaciones civiles, como Participación Ciudadana o la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunciaron otros casos.

En enero, la ADOCCO presentó ante la DPCA una querella contra el administrador de la Lotería, José Francisco Peña Guaba, a quien acusó de “malversar” RD$27.0 millones en la compra de juguetes que repartió para el Día de Reyes, incluso entre congresistas.

La ADOCCO presentó una denuncia contra el director del PRA, una entidad que depende de la Corporación Dominicana de Empresas Energéticas Estatales (CDEEE), a cuyo jefe, Radhamés Segura, diversos sectores cuestionan por uso indebido de fondos públicos y de nepotismo, como resaltó el programa de Nuria Piera.

La entidad también denunció al director del INDRHI, Héctor Rodríguez Pimentel, así como al del Instituto de Formación Turística del Caribe, de la Secretaría de Turismo, Alfredo Paredes. “Hasta el momento, a excepción del caso del PRA, en que se le solicitó medida de coerción contra Lara Lorenzo, todos están en proceso de investigación por parte de la DPCA”, asegura Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador de ADOCCO.

Asegura que existe falta de controles de parte de instituciones como la Dirección General de Contrataciones Públicas que debe velar por el cumplimiento de la Ley 340-06. Cuestiona que los funcionarios otorguen contratos grado a grado, sin someterlos a licitación pública.

Tal y como lo hizo en su toma de posesión, el presidente Fernández aseguró el 23 de julio, durante un encuentro con directores de medios informativos: “Total y absolutamente, pero total y absolutamente, yo no tengo protegidos, ni gentes privilegiadas en el Gobierno”.

Días antes, en un taller auspiciado por la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción había propuesto lo que denominó “un sistema organizativo homogéneo y disciplinado”, una combinación de adjetivos que estarían orientados a enfrentar con mayor eficacia la corrupción y la falta de disciplina.

Pero eso no es todo en materia de promesas. A finales de abril, el mandatario puso a circular su “Plan Estratégico República Dominicana Transparente de Ética y Prevención de la Corrupción 2009-2012”. En esa ocasión el Fernández anunció una tolerancia cero contra los funcionarios que comentan actos dolosos en las instituciones públicas. Sin embargo, la mala percepción de la gente al parecer apuntala a una mayor necesidad de acción.

APOYO… APOYO… APOYO…

Fuente: Clave Digital

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