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España: El debate de los impuestos

In ESPAÑA on septiembre 22, 2009 at 11:50 am
Por Xabier Pérex Igrexas

El pensamiento de la clase dominante consiguió inocular socialmente una valoración negativa de los impuestos. Bajo la definición conservadora los impuestos son una pesada carga que soportamos por culpa de un Estado totalitario completamente inútil. Paradójicamente, siendo los impuestos un instrumento con una importante potencialidad redistributiva, y por lo tanto de justicia social, es muy extendida la idea de que son una especie de castigo.

Los impuestos además de ser uno de los elementos centrales de la economía y la herramienta indispensable para hacer posible un verdadero Estado social, tienen mucho que ver con el modelo de sociedad. De ahí que el neoliberalismo emprendiera una intensa ofensiva contra el sistema impositivo, atacando sobre todo los impuestos directos. Eso sí, asegurando, cuando no aumentando, los fondos públicos a golpe del incremento de tasas e impuestos indirectos (aquellos que se aplican por igual sin tener en cuenta los distintos niveles de renta), incrementando la presión fiscal justo en los segmentos con menor poder de compra.

Si apostamos por una sociedad más justa e igualitaria, como paso previo a la necesaria superación de la sociedad de clases inherente al capitalismo, debemos defender sin matices el carácter positivo de los impuestos directos progresivos.

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La errática y nada social política de ingresos y gastos de ZP

El gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, respondiendo al confuso e incluso contradictorio modelo fiscal que de siempre defendió el PSOE, acumula una serie de grandiosos desaciertos en materia de política impositiva.

Hagamos un breve repaso de algunas de las medidas más controvertidas. La antisocial devolución de 400€ en el IRPF, que beneficia por igual a las rentas más altas y a las medias (excluyendo a las rentas más bajas), supuso una inversión de alrededor de entre 4.000 y 5.000 millones de euros. La desaparición, de hecho, del Impuesto de Patrimonio que grababa las grandes fortunas, supone 4.000 millones de euros menos de ingresos cada año. El famoso cheque-bebé de 2.500€, que tanto se concede la familias trabajadoras como la familias de rentas elevadas, tiene un coste de cerca de 1.000 millones de euros. Por no hablar de las tentativas de simplificar los tramos del IRPF, para recortar su progresividad.

La respuesta a la crisis financiera acumula los desaciertos más notables en materia de gasto público. Así, las diferentes líneas del denominado Plan de Rescate de la Banca (bautizado con el eufemismo de Fondo de Re-estructuración y Ordenación Bancaria) tienen consignados un máximo total de 250.000 millones de euros. De 9.000 a 99.000 millones para el rescate de entidades, 50.000 millones para la compra de activos bancarios y 100.000 millones más para avalar emisiones de deuda. La suma global supera en cerca de 25.000 millones de euros el gasto público total contemplado en los Presupuestos Generales del Estado del presente ejercicio. Y todo en beneficio de la banca y para proteger a los agentes de la especulación financiera, socializando de este modo las pérdidas de la codicia especulativa.

Por no hablar de los 1.200 millones de euros que en plena crisis el gobierno central acaba de gastar en la adquisición de 15 cazas Eurofighter, toda vez que el presupuesto del Ministerio de Defensa es de 8.240 millones de euros para el 2009, frente a los menos de 4.000 destinados la política social. Capítulo aparte merece el dispendio de propaganda electoralista de los diferentes ministerios, que sin contar las carteras de Fomento, Economía y Presidencia, gastaron en el pasado ejercicio más 80 millones de euros. Casi una cuarta parte del que el gobierno del Estado destina para la famosa Renta Básica de Emancipación.

¿Dónde está la progresividad fiscal?

La política del efectismo practicada desde el principio por el PSOE de Zapatero evidencia la completa incapacidad de la socialdemocracia española para gestionar la crisis sistémica. No se trata tanto de un problema de improvisación, pese la que la derecha conservadora empeñe en ese flanco, sino un problema de definición y orientación política. ¿Cuál es el destinatario preferente de las políticas anticrisis? La respuesta puede antojarse difícil de concretar, sin embargo, lo que sí queda claro es que no son las clases trabajadoras.

El ejemplo más palpable e indignante está en la propuesta de reforma impositiva que el gobierno ZP acaba de poner sobre la mesa, consistente en el incremento de la presión fiscal a través de la subida de los impuestos indirectos con el objetivo de recaudar 15.000 millones de euros extra. La fórmula entronca de lleno, curiosamente, con el paradigma neoliberal puro y duro, que Zapatero dice no compartir.

Al tiempo que anuncia la intención de rebajar el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades (que únicamente grava los beneficios empresariales declarados y en el que abunda la evasión fiscal), el gobierno central pretende incrementar en dos puntos porcentuales el impuesto indirecto por antonomasia: el IVA (que grava el consumo); aumentar los impuestos sobre el tabaco, el alcohol y los hidrocarburos; suspender, ahora sí, la devolución de los 400€; o incrementar la fiscalidad al ahorro.

El incremento del IVA (curiosamente lo que se debería hacer en todo caso sería reducirlo paulatinamente, compensando la reducción con el incremento en impuestos progresivos cómo IRPF), sólo supondrá un atranco para el consumo, lo que resultará en una más lenta recuperación económica y que afectará destacadamente a las PyMEs, que es donde se concentra gran parte del consumo común. Además este aumento supondrá añadir todavía mayores dificultades a las familias trabajadoras que carecen de fuentes regulares de ingresos o de salarios bajos.

Si bien el incremento de los impuestos especiales que gravan el tabaco y el alcohol, puede tener además de una finalidad claramente recaudadora otra de carácter sanitario, es inadmisible una nueva subida en el impuesto de hidrocarburos, habida cuenta de los elevados precios de los combustibles y que estos resultan un elemento indispensable en la vida cotidiana de las y los trabajadores, que tienen que desplazarse hasta su trabajo sin que existan muchas veces redes de transporte público compatibles.

Las medidas enumeradas chocan de lleno con el principio de progresividad fiscal que debe defender cualquier opción que se digne en denominarse de izquierdas, aunque no sea tal como en el caso del PSOE. No hay nada más antisocial que vulnerar el principio de que quien más tenga, más pague. No hay enfoque más insolidario que el de distribuir en partes alícuotas la aportación que todas y todos debemos hacer a la hacienda pública.

La supresión de la aberrante devolución impositiva de los 400€ no es una medida equivocada, lo errado e irresponsable fue ponerla en marcha por puro electoralismo.

Finalmente aumentar la tributación sobre los ahorros es una verdadera tomadura de pelo. Al tiempo que mantiene y justifica la indecente tributación del 1% de los mil millonarios fondos SICAV, o mientras sigue vigente a denominada Ley Beckam que rebaja el tipo impositivo a las grandes fortunas de los astros del fútbol profesional, un gobierno que se dice progresista en vez de incrementar los impuestos sobre beneficios, grandes patrimonios, plusvalías del capital y las rentas más elevadas, apuesta por el contrario por aumentar el IRPF para los ahorros, que son a la mayoría de las veces fondos de reserva/garantía que sirven de colchón económico para las familias frente a inestabilidad laboral o gastos extraordinarios.

Se demuestra pues, que la supuesta pretensión de aumentar los tipos más altos del IRPF, era tan sólo una operación de marketing político. Una cortina de humo. Una medida muerta antes de nacer. Un globo sonda gubernamental para escudriñar en la opinión pública y acercarla a su verdadera doctrina.

Lo más peligroso de la política fiscal del PSOE no es su carácter antisocial y reaccionario, sino el hecho de que significa dinamitar desde posiciones falsamente progresistas el principio de progresividad. Elemento esencial para un sistema impositivo justo.

Redefinición del sistema fiscal

Es necesaria y urgente una redefinición profunda del sistema fiscal del Estado español. La orientación de esta reforma indispensable es justo la contraria de la que reivindica el Partido Popular y de la que practica el PSOE.

Mantener y extender el principio de progresividad es una pieza clave si queremos articular un sistema impositivo que se configure como una herramienta útil en la redistribución de la riqueza. Hay que gravar en mayor medida los beneficios empresariales (también de manera progresiva), los grandes patrimonios, las transmisiones patrimoniales de grande cuantía, las plusvalías y las rentas del capital.

Es preciso incrementar los tipos impositivos del IRPF, especialmente para las rentas del trabajo más elevadas, y reducir en paralelo la presión fiscal indirecta. Asimismo hay que instalar el principio de discriminación positiva por nivel de renta para el beneficio de ayudas sociales y subsidios de toda casta.

Otra de las medidas fundamentales es la descentralización de la recaudación impositiva, suministrando de más recursos a las administraciones autonómicas que son, por el traspase competencial, las que hacen frente a la financiación de los principales servicios públicos (enseñanza, sanidad…).

Por último y también de gran importancia, se debe perseguir y castigar con contundencia a evasión fiscal -sobre todo la de los grandes capitales- y abolir las figuras jurídicas que de facto la favorecen (SICAV…).

Austeridad y/o priorización social del gasto

La austeridad ha sido en estos últimos tiempos una de las banderas que desde la demagogia e incluso el cinismo, ha enarbolado la derecha conservadora.

Si bien en su significación de reducir al mínimo el gasto superfluo e innecesario puede ser un principio positivo, que podemos compartir una inmensa mayoría social, lo cierto es que la doctrina de la austeridad económica (reducción de aumentos salariales y limitación de beneficios e inversiones públicas) poco o nada tiene que ver con lo que socialmente se entiende por política austera. Otra trampa más en el lenguaje.

Estoy seguro que que estaremos todas y todos de acuerdo en suprimir todo gasto innecesario, en ajustar los gastos bajo el principio de eficiencia evitando el despilfarro. Sin embargo, si de lo que se trata es de colocar la acción e intervención pública en mínimos, sólo cabe la oposición radical a tal pretensión por antisocial. Sobre todo en un contexto de crisis sistémica.

De ahí que a la consigna demagógica de la austeridad, bajo la que la derecha sólo pretende adelgazar la dimensión social del Estado, debamos contraponer el principio de priorización social del gasto. Es decir, orientar en base a criterios sociales las inversiones públicas.

Claro, que si operamos desde ese parámetro resultará insostenible el mil millonario gasto militar, el de propaganda, las partidas duplicadas, o las inversiones desmesuradas en conceptos difícilmente explicables por su improductividad (mantenimiento de la Casa Real de los Borbones, ministerios fantasma como los de Vivienda e Igualdad…).

Fuente: LibreRed

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