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¿Cuál es la diferencia?

In AMÉRICA LATINA, ARTÍCULOS Y MÁS on octubre 5, 2009 at 5:46 pm
Sin claras definiciones políticas cualquier proyecto económico-social resultará inviable

Por Marisol García Delgado

La mención al siglo que corre es inevitable. Más que una manía, la necesidad de adjetivar es un arma de supervivencia política. Cuando el término Estado no producía mayores adeptos, se le calificó como de Derecho, dizque porque con una Carta bien organizada y consensuada entre el poder y los ciudadanos, las instituciones funcionarían perfecta y coordinadamente y el pueblo disfrutaría plenamente de sus libertades. Cuando ya las definiciones legales agotaron la fe cívica, azotada por necesidades de todo tipo que esas instituciones no podían resolver, surgió un nuevo epíteto para la misma estructura política, el Estado Social, ahora sí, volcado íntegramente a reducir la pobreza, que pese a todo -o a nada- se convirtió en creciente miseria, lo cual dio lugar a la nueva nomenclatura, el Estado Social, de Derecho y de Justicia, donde igualmente esos poderes salieron intactos de los remezones políticos.

Bicameral o unicameral, Congreso o Asamblea, el Parlamento es el mismo añejo recinto donde un minúsculo grupo habla y gesticula hasta autopersuadirse de que interpreta a millones de personas, en cuyo nombre y representación ordena las relaciones sociales según su único antojo o parecer. En nada ha cambiado el Poder Judicial. Allí, como pasmado por la historia, un individuo autoconvencido de su ilustración imparte justicia conforme a la letra de la Ley. Como si ésta resolviera problemas sicológicos, psiquiátricos o sociológicos, en buena medida determinantes de las conductas humanas. Igual que antes Tampoco la administración pública ha acusado mayores transformaciones en su devenir. Esos tales viceministerios no son más que aquellos mismos ministerios de los años 70, coordinados por un Ministro, que ahora, unos cuantos años después, en razón de idénticas circunstancias fácticas, pasan a ser coordinados por vicepresidentes que en la mayoría de los casos, Dios quiera la disociación no los afecte, son los mismos ministros.

Ante esta dramática situación, los gobernantes sólo atinan a asumir como novedosa la denominación de socialismo del siglo XXI, cuando lo cierto es que el Estado burocrático, incompetente, corrupto y represor, hizo metástasis. Su funcionalidad se encuentra en estado terminal, con sus falencias agravadas por el incremento del clientelismo, la torpe asunción de mayores desafíos administrativos, la falta de planes, la imposibilidad de realizar inversiones en infraestructura y servicios, y con apenas aliento para pagar nóminas, misiones y pensiones. De cara a esa misma tragedia institucional, la protesta y el periodismo de denuncia carecen de sentido, no contribuyen a la resolución de los problemas sociales, porque no hay músculo institucional que responda. La denuncia, el reclamo, acogotan, hieren, oprimen donde más duele -la aterradora incapacidad- y frente a ellos sólo queda defenderse con el mayor valor posible. Inviable La inversión es factible cuando hay exceso de recursos. Más de 85% del presupuesto se emplea en sufragar gastos de nómina y funcionamiento de órganos públicos. Las jubilaciones ordinarias y las prematuras, o de oficio, representan 30% de la erogación gubernamental. Agréguese el gasto extra presupuestario -paliativo de problemas- en misiones e importación de alimentos. Sin claras definiciones políticas y sin la participación de la actividad privada, cualquier proyecto económico-social resultará inviable.

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Pero ya abierto el nuevo proceso electoral, sólo se asoma la intención de retomar espacios. ¿Para qué? ¿Para reiniciar el ciclo de promesas, incumplimientos, denuncias y represión? ¿Dónde están los diagnósticos y las propuestas factibles de ejecución con sus correspondientes indicadores de evaluación? ¿Hay ideas o programas de gobierno? Los políticos buscan ser apreciados como “lo menos malo”. Buscan que nos aferremos a ellos como a los restos de un naufragio, como el único escape a la catástrofe. Por su parte, el Gobierno ha logrado posicionar su marca. Muestra las mágicas virtudes de su producto. Activa el imaginario colectivo. La gente compra a precios subsidiados ese elixir del eterno bienestar, aunque solo logre cambiar libertad por comida. Toda esa trama de marketing político, tan vieja como la fórmula de pan y circo, genera sus efectos. Es imprescindible marcar la diferencia. El cuerno de la abundancia se volcará en los momentos cúspides. No se equivoquen, porque en ese escenario los estudios de mercado indican que nadie cambia una marca reconocida por un producto tapa amarilla.

Fuente: El Universal

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